En esta legislatura se presentarían al Congreso dos proyectos de ley: el de Fedeseguridad defiende la inversión foránea y el de Andevip busca eliminarla en el sector. La pelea es por casi $6,8 billones.

El negocio de la seguridad privada en el país movió 6 billones 784 mil millones de pesos en el 2013, representando el 1,6 por ciento del PIB. Su crecimiento fue de casi 14 por ciento en facturación con relación al 2012.

Además, datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada muestran la tendencia creciente del sector en los últimos años: su facturación se ha duplicado desde los 3 billones 158 mil millones de pesos del 2007. Por otra parte, la industria genera más de 240.000 empleos.

Dichas cifras dan idea de la motivación que hay detrás de la puja que se ha dado entre dos gremios que reclaman cada uno la vocería mayoritaria del sector y que tienen sendos proyectos de ley redactados para presentarse al Congreso.

Sería algo así como el cuarto round en una lucha legislativa que ha quedado en tablas en varias oportunidades desde el 2011, pues las partes han presentado sus proyectos, sin que logre pasar ninguno de ellos. En junio pasado se había logrado la conciliación, pero el Gobierno hizo hundir el proyecto.

Ahora, la discusión al respecto promete darles más protagonismo a las comisiones segundas de Cámara y Senado, pues son las mismas que abordarán el debate sobre presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico.

En el trasfondo hay también un rifirrafe originado en los pasos de elefante del capital foráneo, que ha llegado a copar más de una tercera parte del mercado de la seguridad privada y busca posicionarse aún más.

Justamente, Fedeseguridad, una de las partes de la disputa, tiene como afiliadas a Brinks, G4S, Securitas y Prosegur, las cuatro firmas más importantes a nivel mundial en ese campo y con su proyecto busca un blindaje jurídico no solo para la inversión que ellas han hecho y que aumentarían, sino ante la posibilidad de que otras extranjeras lleguen al país.

Su contraparte, Andevip (Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada) pretende recuperar el campo que han perdido las nacionales, alegando la existencia de normas y sentencias de la Corte Constitucional que consideran la vigilancia privada como asunto de seguridad nacional y, por tanto, la restringen para los extranjeros.

El debate se convertiría en un escenario de confrontación entre el Gobierno y la oposición Uribista, ya que se espera que el proyecto de Fedeseguridad lo presente el Ministerio de Defensa y el de Andevip, la bancada del Centro Democrático que lidera Uribe.

‘LEYES PROHIBEN INVERSIÓN FORÁNEA EN VIGILANCIA’

Andevip ha argumentado que el Decreto Ley 356 de 1994 o Estatuto de Vigilancia que expidió la Presidencia dentro de un estado de conmoción interior le da a esta área el carácter de asunto de seguridad nacional y prohíbe la participación de empresas extranjeras en él. “Aun así han entrado todas las multinacionales que dominan el negocio en el mundo, situación que no nos ha podido explicar el ente de control (la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad) y mucho menos el Ministerio de Defensa», anota el presidente de la Asociación, Oswaldo Parada.

Parada menciona además la Sentencia T123 del 2011, que declaró exequibles los artículos del Decreto 356 que hablan del tema, además de poner de manifiesto que los Estados deben conservar algunos privilegios para los nacionales. El dirigente añade que estas se han valido de alianzas con firmas nacionales y reitera que el objetivo del proyecto de ley de autoría de Andevip es preservar el interés de más de 500 empresas nacionales afiliadas a las cuales ha representado por 29 años, frente al creciente monopolio de las foráneas.

PROYECTO BUSCA DARLE SEGURIDAD JURÍDICA AL CAPITAL EXTRANJERO

De acuerdo con la directora ejecutiva de Fedeseguridad, Catalina Tapias, el régimen de inversión extranjera (Decreto 2080 del 2000) permite el capital foráneo en todos los sectores económicos y solo la exceptúa en defensa y seguridad nacional, así como en la disposición de basura tóxica o radioactiva. “Nosotros no estamos dentro de estos dos campos”, enfatiza.

Pero además, según ella, el 2080 derogaría el Artículo 12 del Decreto Ley 356, al cual además le cuestiona su validez porque el presidente no habría tenido facultades para tratar asuntos como este que requieren de Leyes Marco, asunto en el cual cita también la Sentencia 432 del 2004 y la existencia de tratados internacionales.

El proyecto de ley de Fedeseguridad busca blindar jurídicamente la inversión extranjera. Entre otras cosas, diferencia la seguridad privada de la “defensa nacional”, amplía el objeto de las firmas para permitirles vigilar en lugares públicos y espectáculos y hacer desminado; aumenta la vigencia de licencias de 5 a 15 años y les da más margen de acción al transporte blindado de valores.